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Otra pelea por la libertad de expresión y creación en Cuba

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Activistas, artistas, intelectuales, periodistas y medios independientes cubanos denuncian “ataques y difamaciones” sistemáticas del Estado y sus medios por reclamar libertades de expresión y creación en la isla.

El Gobierno y los medios estatales – únicos legales y de alcance masivo en Cuba – les califican de “mercenarios pagados por el imperio”, “nuevos operadores de la contrarrevolución”, con “una agenda abiertamente anticubana y anexionista”. Les vinculan con la CIA y planes para generar acciones violentas o un “golpe blando”, en el marco de cada vez mayores sanciones económicas del Gobierno estadounidense y su reclasificación del Estado cubano como “patrocinador del terrorismo”.

Muchos se reconocen a sí mismos como activistas, artistas, intelectuales, periodistas y medios independientes de las instituciones estatales cubanas. Pero también hay quienes han resultado incómodos para el Estado, pese a mantener algún vínculo con sus instituciones. Los hay más y menos jóvenes, titulados y autodidactas, residentes dentro y fuera de la isla, que apuestan por el diálogo con el Estado cubano desde las más disímiles posturas políticas, o que niegan toda legitimidad al Estado cubano, entre otras diferencias.

Sin embargo, desde hace al menos dos meses, les ha unido, primero, el reclamo pacífico de libertades de expresión y creación en la isla, y el rechazo a la violencia estatal para reprimirlas. Y, luego, la denuncia de los “ataques y difamaciones” que el Estado y sus medios les dedican sistemáticamente: por participar en protestas del Movimiento San Isidro (MSI), en inéditas movilizaciones frente al Ministerio de Cultura, o por informar u opinar sobre ellas.

Los medios digitales erosionan el monopolio estatal

Que una protesta llegue “del espacio privado al público, o del digital al físico, como consiguieron más de 300 personas el pasado 27 de noviembre (27N), es algo que “el Gobierno no parece aún dispuesto a tolerar como normalidad”, opina el politólogo alemán Bert Hoffmann, del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos. Y tanto la ofensiva mediática, como la rápida represión de un amago de protesta similar este 27 de enero (27E), cuando apenas reunía a una veintena de personas, lo confirman.

Sin embargo, el acceso a datos móviles (a internet desde el teléfono celular) “ha democratizado los procesos informativos, comunicativos, de relaciones con los medios, de participación política”, asegura a DW  la periodista independiente cubana Mónica Baró, Premio Gabo al mejor texto periodístico iberoamericano en 2019.

No solo ha ampliado y diversificado el panorama de medios digitales independientes “cada vez más reconocidos por la población” de la isla, explica. Además, “la propia gente se ha convertido en canal de denuncia” en redes sociales: denuncian injusticias, cuentan sucesos de la vida cotidiana y contribuyen a que fluyan las noticias que no reportan los medios estatales, subraya. Y cita un ejemplo claro: los feminicidios, de los que no daban cuenta el Estado y sus medios, hasta que comenzaron a hacerlo activistas contra la violencia de género – contra las que también han arremetido los medios oficialistas.

Los primeros blogs de hace década y media, cuando los cubanos apenas estaban conectados a internet, repercutían sobre todo en el exterior, recuerda Hoffmann. Pero hoy “está claro que los medios digitales están erosionando el monopolio estatal sobre los medios masivos de comunicación”, constitucionalmente fijado, pero cada vez más difícil de sostener en la práctica, coincide. Aunque “no es así en todo el país”, matiza.

Solidaridad, en lugar de aislamiento

“En la Cuba profunda, en el campo, en las provincias, la gente también tiene celulares, pero el consumo de estos medios es relativamente menor” que entre la joven intelectualidad capitalina, sostiene. “Podemos suponer que muchos de los jóvenes que protestan en La Habana ya no ven el noticiero de televisión, pero mucha gente en el país todavía consume radio y televisión, que son estatales”, apunta.

Especialmente en La Habana, pero ocasionalmente también en provincias, varios activistas, artistas y periodistas han relatado en redes sociales experiencias que indican que al menos una parte de la audiencia ha interpretado inversamente la campaña mediática estatal y se solidariza con ellos: hay gente común que les reconoce en la calle tras verles en televisión, y les agradece, aplaude, abraza, o se toma fotos con ellos; además de seguirles en redes sociales.

Junto con los cambios tecnológicos, reconoce Hoffmann, una novedad visible en este momento político está en la solidaridad pública que han recibido aquellos que disienten y son atacados por el Estado, y que antes solían verse simplemente aislados: en las redes y en la calle, y hasta de parte alguna asociación local de artistas e intelectuales (como la Unión de Escritores y Artistas, y su organización juvenil, en la Isla de la Juventud).

Fuera de Cuba, en Alemania, por ejemplo, el partido La Izquierda rompió esta semana un tabú que pesa sobre gran parte de la izquierda internacional. Por primera vez en su historia, su directiva se solidarizó con los críticos del Gobierno cubano: “Los derechos humanos son universales, se aplican a todos, ¡en todas partes! Abogamos por la continuación del diálogo en Cuba con artistas críticos y activistas por la democratización de la sociedad cubana.”

A no pocos de los llamados medios independientes, como antes a los blogs contestatarios, los cubanos acceden por atajos informáticos para burlar la censura estatal, confirma Baró, que ha trabajado para Periodismo de Barrio y El Estornudo. Y no pocos aseguran estar registrando más visitas tras los “ataques” de medios estatales.

“Ser periodista independiente en Cuba no es un privilegio. Es una cruz”

En esta confrontación entre medios estatales y no estatales, Baró llama la atención sobre la desigualdad de fuerzas: entre “un Gobierno, Partido, poder totalitario que no admite la legalización de ningún tipo de disenso” y “una cultura a contracorriente que está proponiendo un modelo de comunicación y periodismo distintos.”

Los medios y periodistas independientes en Cuba –insiste la comunicadora, que ha sido detenida y fue interrogada más de una vez por la Seguridad del Estado cubana- carecen de cobertura legal y garantías para hacer su trabajo. Y esto les expone a riesgos y vulnerabilidades. No solo les limita el acceso a fuentes de información, dificulta la protección de esas fuentes, o los deja desprotegidos ante una agresión: “Puedes ser procesado, puedes ir a prisión por hacer periodismo”, precisa. Pues, como ha escrito antes en sus redes: “Ser periodista independiente en Cuba no es un privilegio. Es una cruz.”

Por supuesto, “si bien los medios de comunicación tienen derecho a tener su propia voz, estilo, perspectiva de la realidad, también tienen que cumplir con ciertos parámetros profesionales que son universales”, dice la premiada periodista independiente cubana. Pero, en Cuba, “al no haber un escenario de legalización de esos medios tampoco hay un escenario de regulación”, reconoce.

El principal argumento usado en contra de estos medios y de quienquiera que disienta en Cuba suele ser su presunto financiamiento e influencia editorial por parte del Gobierno estadounidense – que dedica oficialmente millones a promover la democracia en Cuba y Venezuela. Medios como Periodismo de Barrio, Tremenda Nota, Cibercuba o La Joven Cuba, han negado estas “acusaciones” y retan al Gobierno y los medios estatales cubanos a demostrar lo contrario.

Otros, como la revista de periodismo narrativo El Estornudo, reconocen recibir fondos de Open Society Foundations (OSF) y la National Endowment for Democracy (NED), como otros proyectos periodísticos insignes latinoamericanos: El Faro (Centroamérica), La Silla Vacía (Colombia), Ojo Público (Perú), o Chequeado (Argentina), por ejemplo. Pero niegan cualquier influencia editorial e invitan a revisar su variada cobertura sobre temas cubanos, latinoamericanos y estadounidenses. Y a compararla con la que la “injerencia constante” del partido comunista permite a los medios estatales cubanos.

No hay muchas otras opciones de financiamiento para estos medios, “sin personalidad jurídica y sin libertad de empresa” en la isla, agrega Baró. Además, “las organizaciones que ya tienen proyectos de colaboración con el Estado cubano no trabajan con proyectos independientes”, para no poner en riesgo ese vínculo, indica.

Otro argumento frecuente en contra de estos medios es la residencia en el exterior de buena parte de sus equipos: un argumento que se esgrime sin mencionar que dejar el país es, muchas veces, según han denunciado los periodistas, una condición que la Seguridad del Estado suele sugerir para cesar las detenciones arbitrarias y el acoso contra ellos y sus allegados.

¿Cómo quejarse, demandar o denunciar legalmente?

Como parte de estas protestas, al menos dos quejas formales han sido presentadas ante las autoridades cubanas en los últimos meses. Una, de la internacionalmente reconocida artista de performance Tania Bruguera, ante el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Y otra, firmada por más de 400 cubanos dentro y fuera de la isla, en una denominada “Articulación Plebeya”, ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y el ICRT.

No han obtenido respuesta, confirman a DW tanto Bruguera como Eloy Viera Cañive, firmante de la segunda, abogado y director jurídico del colectivo de medios, periodistas, blogueros, fotógrafos, diseñadores, videastas y caricaturistas +Voces. La queja es un recurso jurídico “bastante ineficiente”, explica Cañive, pues la ley obliga a la autoridad a responderla, pero ni siquiera le obliga a hacerlo por escrito. “El silencio, que prima como respuesta en estos casos”, dice, “demuestra que la ciudadanía no solo está desprotegida de hecho, sino también de derecho.”

Otra vía, que Bruguera usó en 2018, fue la denuncia penal por “difamación”, interpuesta ante la Policía contra voceros de órganos de prensa oficialistas, con copias documentadas ante la Fiscalía General y el Consejo de Estado. Sin resultados también, en un país sin separación de poderes.

Lo ideal sería presentar “una demanda judicial por una posible vulneración de derechos constitucionales”, reconoce el abogado. Solo así, se podrían mostrar pruebas que contradigan a la parte demandada ante un tribunal, y exigir el cumplimiento de una eventual sentencia que restablezca la legalidad (algo que no se fija para la queja, aunque se obtenga razón).

Pero esta vía, abierta por la nueva Constitución de 2019, sigue bloqueada en Cuba: la ley con que el Parlamento debió habilitarla en octubre de 2020 se ha retrasado presumiblemente hasta diciembre de 2021. “De ahí la importancia de quejarse con fundamento en la propia ley”, insiste Cañive: “La queja puede ser un instrumento político, pero no puede dejar de promoverse como lo que es, un instrumento jurídico”.

Entretanto, activistas, artistas y periodistas reprimidos por fuerzas de seguridad en estos meses, y especialmente quienes fueron enfrentados con violencia por el ministro y y el viceministro de Cultura este 27 de enero, piden en redes sociales su dimisión. Algunos, como el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero, han sido nuevamente arrestados por querer relanzar la protesta a la calle. Y esto ocurre, advierte el politólogo Hoffmann, en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas en la isla, así que no hay que descartar que, pese a todo, “para mucha gente la escasés de productos sea aún más urgente” que la de libertades políticas.

Vía: DW