Autor: S. Minay, L. Cárdenas, A. Fava
El jefe del INE terminó saliendo de su cargo tras una mañana en que el ministro de Economía, Lucas Palacios, se comunicó con el Presidente Piñera para dilucidar su futuro. En el gobierno planteaban que en su contra jugaban dos grandes errores: el errado cálculo del IPC de 2019, haber acusado una manipulación, y una mala relación con los funcionarios.
-Esto me lo hicieron a propósito.
Redondeando a decimales las palabras exactas, eso es lo que transmitió esta mañana Guillermo Pattillo Álvarez a amigos y conocidos que lo han llamado: que este segundo y último escándalo protagonizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dando cifras oficiales erradas y luego enmendándolas se debió a que -supuestamente- hubo elementos internos que lo habrían hecho con la expresa intención de perjudicarlo. Nada de eso ha dicho en público. Pero en en el gobierno, donde las vacaciones de verano tienen cada vez menos gusto a eso, evalúaron que el “error” en el cálculo del precio de la electricidad y su impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se suma a por lo menos otros tres factores que dejaron a su gestión en la cornisa.
Quedan detalles por conocer de las últimas horas de esta polémica, pero en el gobierno han dado por cierto que fue la Comisión Nacional de Energía (CNE), dirigida por José Agustín Venegas, y no el INE quien descubrió lo ocurrido. Esto luego que el INE publicara, el 7 de febrero, la primera cifra del IPC (0,64%), la que debió ser corregida cuatro días después. La enmienda al cálculo del aumento del precio del “producto” electricidad -cuyas tarifas fueron congeladas por el gobierno el 5 de noviembre- se hiciera en un comunicado que se no envió a nadie y que el organismo solo colgó en su website bajo el título “Comunicado”. Diversos expertos alertaron sobre la gravedad del impacto de esto en el IPC, que terminó aumentando de 0,57 a 0,64%.
Para peor, eso ocurrió cuando la polémica anterior, originada en otro error de cálculo conocido el año pasado, aún no es aclarada ni ha llegado a un desenlace. Pattillo acusó entonces -en un punto de prensa que llamó la atención- que “existían indicios de que habría habido una manipulación” de las cifras del IPC, pero eso todavía no se ha acreditado. En cambio, hay una denuncia laboral de un ex funcionario en contra del instituto porque el ahora cuestionado director lo denunció responsabilizándolo por fraude informático.
Además de lidiar con críticas de funcionarios internos, Pattillo tuvo la mala fortuna de que esto detonó al mismo tiempo que su superior, el ministro de Economía Lucas Palacios, pasa por el trago amargo de haber sido vinculado por el exdiputado UDI Gustavo Hasbún en una trama de ofertas de favores políticos a cambio de pagos.
Al cierre de esta edición, se concretó la salida del ingeniero, cuestión que en el Ejecutivo daban por hecho durante la mañana. Subrayaban que le pesaban “dos errores graves” y que “no es el liderazgo para modernizar este instituto, al parecer”. Palacios, en todo caso, molesto porque este es el segundo problema simultáneo que enfrenta su cartera, volvió hoy de sus vacaciones y ha estado en contacto con el Presidente Piñera.
Ni su historial de veterano leal al Presidente pudo salvarlo. Pattillo fue por más de 15 años investigador externo del Instituto Libertad, en la época en que éste era dirigido por María Luisa Brahm. No militó en RN pero fue cercano a ese mundo, entonces piñerista químicamente puro. En los Grupos Tantauco que prepararon la campaña de Piñera, Parte I, estuvo a cargo de Defensa. De ahí aterrizó en la Subsecretaría de Defensa cuando el exDC Jaime Ravinet asumió en esa cartera (2010). Después, Rossana Costa -actual consejera del Banco Central- se lo llevó a la Dirección de Presupuestos.
Al despuntar el actual cuatrineo, Piñera lo nombró en el INE en reemplazo de Ximena Clark. Si le tiene confianza política, pues parece haberse notado: al designarlo, eximió mediante decreto supremo la aplicación del mecanismo de selección de Alta Dirección Pública. Esa es una regla contenida en la Ley 19.882 que le permite al gobernante eximirse del uso de ese filtro hasta en 12 distintos cargos en los primeros tres meses del período del presidencial.
Pero Pattillo -y esto es lo que ha señalado a sus cercanos- tuvo desde el primer día una serie de encontronazos con los funcionarios del INE. Ayer, cuando se conoció la rectificación de las cifras y la explicación consecutiva por parte del instituto, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del INE, Marcelo González, firmó un comunicado en el que se esgrimieron duras acusaciones contra él. “Intenta ocultar errores en el cálculo del indicador; errores producidos, indudablemente, a razón de las constantes intervenciones a los equipos de precios que –tras el irresponsable actuar del Director Nacional que acusó “manipulación” de cifras de IPC en mayo del 2019- más parece una cacería de brujas que pretende reunir antecedentes que intenten justificar esa torpeza u ocultar, por qué no (y dado la falta de antecedentes que hoy mantiene abierto los sumarios sin poder pronunciar veredicto) intervencionismo político agenciado por esta administración”.
Blanca Salazar, directora de la Asociación, plantea otra visión. “Hay algo raro. Aquí lo que ocurrió es que la persona que transcribe la información se equivocó. Él trabaja en el área de informática y llevaba al menos cinco años y llegó con el gobierno anterior. El director no hizo cambios. Eso le ha perjudicado y no escuchó cuando le dijimos. Yo no es que esté con un gobierno u otro, pero cuando alguien llega siempre debe tener su gente, porque de lo contrario siempre lo van a estar cuestionando”.
El escándalo del 2019
“Detectamos que existían indicios de que habría habido una manipulación en las cifras del Índice de Precios del Consumidor que habría afectado el valor del índice informado al mercado. Hasta este momento, los antecedentes que tenemos, nos indican esto habría ocurrido en el cálculo del índice y por lo tanto para su variación para los meses de agosto y posiblemente septiembre de 2018”. Así salió ante las cámaras Guillermo Patillo el 13 de mayo de 2019.
Cuatro días antes, la dirección del INE había citado a una reunión al jefe de Departamento de Estadísticas de Precios, Felipe López Borges (39). Se le comunicó que la institución había presentado una denuncia en su contra por fraude informático ante la Policía de Investigaciones. (PDI). Hasta ese momento, el ingeniero estadístico mantenía una extensa carrera como funcionario público desde 2008.
Pasó el tiempo y a finales del mes de julio del año pasado, López presentó una denuncia de tutela laboral en contra del INE acusando la vulneración de sus derechos fundamentales ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En su acción el denunciante advirtió que “lo que realizó el Sr. Pattillo fue generar un estallido comunicacional imputando una supuesta manipulación a mi representado, recién iniciada la investigación por el Ministerio Público, sin esperar la decisión del tribunal competente para pronunciarse sobre el asunto. Todo esto es aún más grave ya que el Director siguió defendiendo sus dichos públicamente, a pesar que conforme a la ley, es, quien debe resolver el sumario, perdiendo toda imparcialidad para ello; tal como se le hizo presente a través de carta notarial”.
Frente a la imputación el INE contestó que él no fue “no fue sindicado nominativamente (en el punto de prensa), ni le fue atribuida responsabilidad alguna, más aún cuando en dicha comunicación pública jamás se aseveró la comisión de ningún delito, sino se limitó a indicar situaciones de carácter eventual”. “El señor López parece no comprender que el hecho de relevancia pública es la eventual vulneración de la confianza pública depositada en un ente estatal y no su posible participación en dichos hechos”, remató.
Hoy el caso aún no cuenta con una sentencia y la trama se podría extender más tiempo, luego que el INE presentara un recurso de inaplicabilidad constitucional ante el Tribunal Constitucional a fin de quitarle el piso a la acción del demandante. Actualmente se encuentra en la etapa de admisibilidad.
En sencillo, lo que pretende el INE es que el Tribunal Constitucional declare inaplicable en el caso concreto del ex funcionario, determinados artículos del Código del Trabajo que son los que estarían dando la competencia al tribunal del trabajo para abordar la denuncia.
En paralelo, La Tercera informó en mayo del año pasado que la fiscalía amplió la investigación que llevaba adelante a no solo sabotaje informático, sino que también por presunto lavado de activos y cohecho. Los involucrados son José Antonio Salazar Nickel, a quien se investiga por presunto cohecho, lavado de dinero y sabotaje informático. También se le imputan los mismos ilícitos a José Francisco Jofré González.
Fuente: La Tercera
