El 37% de apoyo que recibió el órgano constituyente mixto en la última encuesta CEP, abrió un debate sobre sus virtudes y defectos. El principal argumento de los que la defienden es que los parlamentarios que la integren pueden ayudar, por su experiencia legislativa, al funcionamiento de la convención. Sus detractores dicen que afectará al trabajo legislativo y que calzará con elecciones parlamentarias.
Logística, lugar y funcionamiento del Congreso. Esos temas han surgido en las últimas conversaciones entre representantes del gobierno y los presidentes del Senado y de la Cámara en las últimas semanas, a raíz del proceso constituyente que se iniciaría en abril si es que la opción que aprueba una nueva Carta Magna se impone en el plebiscito que se realizará el 26 de ese mes.
Las tratativas van a seguir, indican, independiente del órgano que se elija en abril para redactar la nueva Constitución: si es que se impone la Convención Constitucional donde el 100% son personas elegidas para esa labor o la Convención Mixta Constitucional integrada por un 50% de parlamentarios y parlamentarias y la otra mitad por personas elegidas para la función.
Lo cierto es los resultados de la última encuesta CEP reflejaron que, a diferencia de la pregunta si se quiere una nueva Constitución donde el 67% está por aprobar, habría una disputa mayor en el órgano encargado de redactar la nueva Constitución: un 44% de los consultados apoya la Convención Constitucional mientras que un 37% respalda la Convención Mixta. A esto se suma que este fin de semana, Evópoli en su consejo general, se convierta probablemente en el primer partido que apoya formalmente este mecanismo. La totalidad de la oposición, por su parte, apoya la Convención Constitucional.
Sin embargo, el sorpresivo apoyo de este mecanismo abrió un debate sobre la pertinencia de la Convención Mixta, más aún cuando el Congreso -como institución- mantiene bajos niveles de aprobación en varias mediciones.
Durante las sesiones de la comisión técnica constitucional, que redactó la reforma al capítulo XV, la discusión sobre cómo se compatibilizaría el trabajo parlamentario y el constitucional, en el caso de que gane una Convención Mixta en abril, fue uno de los que generó más debate. Mientras que los representantes de la oposición criticaron el mecanismo e hicieron ver que sería incompatible con el funcionamiento del Congreso, los del oficialismo defendieron el sistema. Además, han surgido dudas de cómo se implementará la paridad de género en este órgano.
La Convención en el ex Congreso y personal de apoyo
Las conversaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han abordado temas de logística y de cómo se vería afectada la labor parlamentaria ya que si se impone la Mixta, 86 de los 172 miembros de esta Convención serán parlamentarios y parlamentarias que tendrían ahora dos funciones, una legislativa y otra constitucional. Estos, además, serían elegidos por todo el Congreso Pleno (155 diputados y 42 senadores) quienes tendrían que agruparse en listas o pactos siendo electos por el mismo sistema que rige en la elección de diputados, o sea por el sistema D’Hondt (ver infografía).
La ya promulgada reforma al capítulo XV de la Constitución estableció que “los diputados y senadores que integren esta convención (mixta) quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que ésta se mantenga en funcionamiento. El Congreso Nacional podrá incorporar medidas de organización para un adecuado trabajo legislativo mientras la Convención Mixta Constitucional se encuentre en funcionamiento”.
Sobre ese último punto, indican desde la Cámara, en las conversaciones con el gobierno ha surgido la idea de que si la Convención Mixta se aprueba, ésta funcione los lunes, jueves y viernes, mientras que el Congreso solo martes y miércoles en Valparaíso. Además indican que los parlamentarios que serían parte de este órgano, no tendrían más atribuciones en términos de viáticos y pasajes aéreos, sino que los mismos que tienen para su actual función parlamentaria.
Incluso, desde la Cámara se le ha hecho ver al gobierno que “están preparados” en términos de apoyo de personal para la eventual Convención sea mixta o no. En las reuniones, además, se ha hecho ver que lo mejor sería que la cualquiera de los dos órganos funcione en las dependencias del ex Congreso en Santiago, donde también se podrían habilitar las dependencias el edificio Hunneus que está al frente del ex Congreso ubicado en calle Catedral.
El debate a favor y en contra de la Mixta
“La convención mixta presenta algunos problemas. El primero de ellos es que se afecta el funcionamiento del Congreso porque se disminuye su capacidad y esto es problemático porque el país tiene que seguir funcionando y hay leyes que tienen que pasar por el Congreso como la ley de presupuestos y todo lo que requiere un país para seguir funcionando en democracia”, señaló María Cristina Escudero, parte de la comisión técnica y que también participó en la sistematización de lo que emergió del proceso constituyente realizado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Por su parte, Sebastián Soto, representante del oficialismo en la mesa técnica, señaló que “es cierto que la Convención Mixta podría dificultar el funcionamiento del Congreso pero eso tiene solución. Ante todo, lo más probable es que la convención no funcione permanentemente y haya periodos en que los convencionales vuelvan a sus actividades. Además, el Congreso puede adecuar su funcionamiento, por ejemplo, acumulando las votaciones para un día específico en que no funcione la Convención”.
Asimismo, Escudero señala otra aprehensión: “Otro problema de la mixta es que mezcla la política contingente que se ve en el Congreso con la política que debe ser pensada más en el largo plazo y que no debiera mezclarse con temas de contingencia. Mezclar los dos debates puede ser complejo e ineficiente”.
En ese sentido, el abogado e investigador del CEP, Lucas Sierra, defiende la Convención Mixta ya que a su juicio, la principal virtud de este mecanismo “es que allega experiencia al delicado trabajo de elaborar normas jurídicas. Como todo oficio, el de elaborarlas se perfecciona con la práctica. Y éste es el oficio de los parlamentarios. El plazo máximo para elaborar la nueva Constitución, de ganar el apruebo en abril, será un año. En tan poco tiempo, para todo el trabajo que hay que hacer, ese oficio será de enorme utilidad”.
Y sobre cómo afectaría la labor parlamentaria, Sierra señala que esto será así, “sin lugar a dudas” pero que “en todo caso, es de suponer que una parte importante de la labor parlamentaria, como de la administración del Estado, van a estar afectadas por el proceso constituyente”.
Por su parte, Gabriel Osorio, representante del PS en la comisión técnica comenta que un tema engorroso de la Convención Mixta sería cómo implementaría la paridad de género en este órgano. Esto porque si se establece que de los 86 miembros del actual Congreso que serían parte de la Convención, 43 tienen que ser mujeres esto provocaría que solo dos parlamentarias no sean parte del órgano. Ya que las legisladores actualmente son 45: las diputadas son 35 y 10 las senadoras. “La mixta es un mal sistema porque tendrás a 86 parlamentarios ejerciendo una doble función y sacarías a casi la totalidad de las parlamentarias del Congreso”, comenta Osorio.
El abogado del PS, además, hace ver que si las funciones de la Convención parte en diciembre de 2020 y se alarga hasta el mismo mes de 2021, calzaría con la elección parlamentaria y habrían miembros de la Convención Mixta redactando una nueva Carta Magna y haciendo campaña al mismo tiempo.
Sobre ese punto, Soto comenta que “no me parece que eso sea un problema muy distinto al que existe en otro tipo de órganos colegiados en los que los incumbentes van a la reelección, como un consejo municipal o el propio parlamento. No hay que creer que quienes llegarán a la convención son personas que no tienen o no buscan una carrera política”.
Sierra dice que puede ser “problemática” esta situación “pero esto mismo ocurre cada cuatro años en el Congreso. Y la paridad se dificulta porque, de aplicarse a la cuota de parlamentarios, casi no quedarían mujeres en el Congreso. Para esto no debería aplicarse la paridad a la mitad parlamentaria, sino que pensarla -menos estrictamente- en el conjunto de la Convención”, señala.
Fuente: La Tercera
