Además del examen que Chile rindió ante la ONU hace dos semanas, en el Ejecutivo están preparando nuevos informes para diversos organismos, entre ellos, el que lidera la expresidenta Michelle Bachelet.
El Examen Periódico Universal (EPU) que rindió Chile, hace dos semanas, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, fue el primer gran evento sobre este tema en el que ha tenido que trabajar el gobierno este año.
Sin embargo, en el Ejecutivo se encuentran preparando una serie de informes ante órganos de tratados del Sistema Universal de Protección y Promoción de los DD.HH. que deberán rendir este 2019, los que serán clave en la agenda sobre la materia que deberá enfrentar el gobierno, algo que está a cargo, principalmente, de la subsecretaria del ramo, Lorena Recabarren.
Antes del EPU rendido en la ONU, el gobierno debió enviar el 20 de enero una “lista de cuestiones previas” al Comité contra la Desaparición Forzada. Esto, en un informe sobre cómo se están aplicando los derechos en Chile. El texto debe ser revisado por ese organismo, que expresará sus preocupaciones y recomendaciones a través de “observaciones finales”.
En abril y mayo próximo, en tanto, se realizará un “diálogo constructivo” ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, organismo que depende directamente de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que lidera la expresidenta Michelle Bachelet.
El Comité está constituido por expertos independientes que supervisan la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados partes. Así, en el gobierno explican que los países, incluido Chile, están obligados a presentar informes periódicos a ese Comité sobre esta temática, los que se envían cada dos años y que, posteriormente, el organismo debe examinarlos y comunicar formalmente a nuestro país las inquietudes y recomendaciones.
Después, en julio, La Moneda debe cumplir con el envío del séptimo informe periódico al Comité de Derechos Humanos, que también depende de la oficina que encabeza Bachelet. El informe consistirá en el cumplimiento de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Un mes después del envío de ese informe, el gobierno chileno debe remitir otro documento, esta vez al Comité contra la tortura, en el que se detallen las “cuestiones prioritarias” para nuestro país en esta materia, tanto avances legislativos como nuevas medidas a implementar.
La agenda del Ejecutivo en derechos humanos durante este año culminará entre el 25 noviembre y el 13 diciembre, cuando deba rendir un examen sobre los informes periódicos que se han enviado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
“Durante el 2019 queremos profundizar los compromisos que, en materia de derechos humanos, hiciera el Presidente Piñera en su programa. En particular, respecto de la aproximación más formativa en derechos humanos, a través de la capacitación a funcionarios públicos; la coordinación de la implementación del Plan Nacional y del Plan de Acción de Derechos Humanos y Empresas; así como la proyección más técnica de políticas públicas con enfoque de derechos, en relación con la elaboración de indicadores de cumplimiento” en esta temática, dice la subsecretaria Recabarren.
Además, el gobierno tiene en agenda una serie de actividades a nivel local: una de ellas es la realización -que por el momento está en evaluación- de un segundo seminario internacional sobre derechos humanos, siguiendo el que se hizo el año pasado. En paralelo, se avanzará en lo que califican como “etapa exploratoria” de la creación del Centro de Datos e Indicadores de Derechos Humanos en Chile. “Nuestro gobierno toma el desafío de relevar otro tema de reciente desarrollo: contar con indicadores de cumplimiento de DD.HH. transparentes y de público acceso”, agrega Recabarren.
Fuente: La Tercera
