Tras
ser elegido Enmanuel Macron presidente de la República Francesa, busca catalizar el chauvinismo de los franceses restaurando el atavismo de la grandeur, doctrina que conjugaría el culto a la independencia económica, política y militar de Francia con la consolidación de la misión de la nación y de la cultura francesa en el mundo. El camino es la implementación de un poder de corte presidencialista que convertirá a sus asesores en una auténtica camarilla de poder oficioso, (emulando al Partido Gaullista, movimiento que cubría un espectro muy amplio desde el centro-izquierda hasta la extrema derecha y en el que sus dirigentes fueron correas de transmisión subordinadas a la cúpula). Y podríamos asistir a la reedición de los plebiscitos de De Gaulle en forma de referéndums para aprobar temas como el retraso de la jubilación, la optimización de los recursos de la administración, la entrada en vigor de la Directiva de Retorno para los inmigrantes… lo que le valdrá el apoyo incondicional de la derecha francesa a la hora de aplicar leyes que rozarán la inconstitucionalidad.
En su obsesión por controlar la inmigración ilegal y tras la creación del Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional, el expresidente Sarkozy consiguió en junio de 2008 que la Eurocámara aprobara la Directiva de Retorno, eufemismo bajo el que se escondía un severo recorte de los derechos humanos de los inmigrantes y aplicable a “nacionales de países no comunitarios que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro de la Unión Europea y no estén amparados por una solicitud de residencia o asilo” (migrantes económicos).
A instancias de la Comisión Europea, se intensificará su aplicación en el trienio 2017-20120 y sus efectos serán dramáticos pues se calcula que en los 27 países de la Unión Europea viven entre cuatro y ocho millones de inmigrantes indocumentados, (de los que casi tres millones serían de países andinos pobres o golpeados por conflictos como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Paraguay) y la aplicación de la expulsión masiva originaría serios problemas de viabilidad económica, (sobre todo en Ecuador y Bolivia cuyas remesas de inmigrantes supusieron en el 2007 el 10% del PIB) y cuyo retorno anticipado podría suponer una debacle económica y social para dichos países.
En Francia, el exiguo crecimiento económico del 1,3% en 2017 será incapaz de evitar que la tasa de desempleo supere de nuevo la barrera del 10% (10,3% en marzo de 2017), la deuda externa escale hasta los 6 billones de euros, la deuda pública supere los 2 billones de euros (96% del PIB), muy por encima del 60% estipulado por la CE, y el gasto público prosiga por tasas desbocadas (56% del PIB), Macron, presionado por Bruselas, deberá una política económica (Programa de Estabilidad) que incluirá un recorte brutal de 20.000 millones de euros en el gasto público, una bajada de impuestos de 50.000 millones de euros y una drástica reducción de 500.000 funcionarios. Asimismo, a instancias de la Patronal francesa (Medef) y con la oposición de los principales sindicatos del país galo (CFDT, CGT y FO), el ejecutivo de Macron accederá a la reforma del mercado laboral, que implicará la progresiva implantación del despido libre sin indemnización; la optimización del funcionariado público (aumento de la jornada laboral así como la instauración de la jornada laboral mínima de 45 horas semanales y el retraso de la jubilación a los 67 años), que vendrá unida a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y a una drástica reducción de los subsidios sociales (prestación por desempleo, ayudas a la natalidad, pensión y viudedad). No es nuevo. Como consecuencia, es más que factible la fractura social del país que obligará a amplias capas de la población (especialmente a los sin techo, los sin papeles y los desheredados de las banlieus) a depender en exclusiva de la beneficencia, quedando así diluidos los efectos benéficos de las clásicas medidas sociales (reducción de impuestos, subida de las prestaciones por desempleo y discriminación positiva en la inserción laboral y en el derecho a voto en las elecciones locales de los inmigrantes) por la cruda realidad económica.
Evidentemente, se espera una reacción de los sindicatos de clase (CGT, CFDT y FO), lo que conllevará frecuentes estallidos de conflictividad laboral aunados con un extraordinario auge de los grupos antisistema con el recuerdo de la tradición revolucionaria francesa y la experiencia de Mayo del 68.
