El sistema de educación superior requiere un nuevo marco regulatorio, más estricto y con mayores facultades de fiscalización para el Ministerio de Educación.
Existe amplio consenso en la necesidad de una reforma a la educación superior. La proliferación de instituciones en las últimas décadas ha dejado de manifiesto las deficiencias del actual marco regulatorio, especialmente en lo que respecta a la calidad. Por otra parte, la matrícula creció enormemente sin una política adecuada de financiamiento, generando un endeudamiento de los egresados y sus familias que en muchos casos es difícil de sobrellevar. Por último, el sistema carece de una política de fortalecimiento a las instituciones más complejas, que permita el desarrollo sostenido de investigación e innovación de alto nivel.
El sistema de educación superior requiere un nuevo marco regulatorio, más estricto y con mayores facultades de fiscalización para el Ministerio de Educación, y un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, que responda a la diversidad de instituciones del sistema, pero que vele por la calidad de todas estas. Asimismo, se necesita cambiar el actual sistema de financiamiento estudiantil por uno más justo, que permita la libre elección y no discrimine entre alumnos de igual nivel de vulnerabilidad, y que sea sustentable tanto para el Estado como para los estudiantes y las instituciones. Por último, se requiere una importante inyección de recursos fiscales para promover la investigación y la innovación, que son difíciles de financiar de forma privada y que traen externalidades positivas para la sociedad en su conjunto.
Lamentablemente, el proyecto de ley presentado por el Gobierno no resuelve los actuales nudos y crea nuevos nudos aún más críticos, como son la fijación de aranceles y de vacantes, la pérdida de autonomía de las instituciones y su desfinanciamiento producto de una política de gratuidad que no cuenta con los recursos para llevarse a cabo. El Gobierno, en vez de ocuparse del sistema en su conjunto, optó por fortalecer sólo a las universidades estatales sin corregir sus gobiernos corporativos y dejar desfinanciadas al resto de las instituciones, que es donde se forma la gran mayoría de nuestros jóvenes, en particular los más vulnerables. El problema de fondo radica en la visión conservadora de la educación superior, que subyace al proyecto. Por una parte, el proyecto está concebido desde las universidades, quedando el sector técnico profesional en segundo plano. Por otra parte, se confunde lo estatal con lo público, creyendo que sólo lo estatal puede cumplir un rol público. Por último, se concibe como inherente al quehacer universitario la investigación de alto nivel, lo que no es compatible con un sistema universitario masivo. Como dijo el rector Vivaldi, el proyecto es extraordinariamente perfectible.
Sylvia Eyzaguirre
Investigadora Centro de Estudios Públicos
