Las consecuencias de la aplicación de la Ley del Lobby implican una nueva configuración de las relaciones entre la ciudadanía y sus autoridades. El futuro perfeccionamiento de la norma debe atender a algunas de las críticas que las autoridades realizan en el reportaje central del domingo, sin por eso promover en el debate público la idea de que la Ley del Lobby es una traba para el funcionamiento de la democracia. Todo lo contrario.
Lo primero que se debe aclarar es que la ley sólo obliga a las autoridades a registrar las audiencias que se realicen, pero no los obliga a aceptar todas las reuniones que se les solicitan, salvo aquellas que implican dar igualdad de trato, un mínimo democrático que seguramente las autoridades de la Región están preocupados de cumplir más allá de la obligación explícita que la ley impone.
Tampoco la ley regula los encuentros casuales, ni las actividades en terreno, por lo que ni concejales ni alcaldes debieran verse reprimidos de escuchar las demandas de la ciudadanía en la calle.
Por último, el formulario de solicitud de audiencia debe estar disponible en papel, para impedir que el acceso desigual a internet se transforme en una traba para que los ciudadanos puedan acceder a hacer peticiones a sus autoridades.
La ley del lobby, sin duda, requiere una evaluación seria para determinar eventuales mejoras, pero su valor actual es indiscutible para democratizar el acceso a las autoridades y elevar los estándares de transparencia de la función pública. Las autoridades locales deben concebirla como un instrumento eficaz, para revertir la crisis de confianza que sobre ellos pesa en la actualidad, lo que requiere estudiar la norma y aplicarla con seriedad.
Manuel Aris
Director de Incidencia ONG «Espacio Publico»
