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Corrupción en América Central: el sistema de la opacidad

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En los países del Triángulo Norte de Centroamérica, la fórmula utilizada es impedir, cooptar o expulsar a quienes investigan. La lucha contra la corrupción va en retroceso, dicen expertos.

“Las dificultades de la lucha contra la corrupción en Guatemala empiezan con la asfixia financiera de mi equipo por parte del mismo Congreso que me eligió”, dice a DW Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. El abogado de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue elegido en 2017, durante el período del anterior presidente Jimmy Morales, pero desde la llegada del presidente Alejandro Giammattei al poder, “la lucha contra la corrupción va en franco retroceso en mi país”, lamenta Rodas.

“El legislativo ha buscado impedir nuestro trabajo de control de la corrupción y respeto de los derechos humanos por todos los medios: he enfrentado 15 antejuicios, ninguno ha encontrado evidencias para abrir procesos; he superado cinco solicitudes de remoción, ninguna ha prosperado; no podemos llegar a todas partes del país porque debido a la negación de entrega de recursos nuestros autos ya no tienen repuestos”, narra a DW Rodas Andrade, quien concluye que “sin una Justicia independiente, defender los derechos humanos y luchar contra la corrupción en Guatemala, es cuesta arriba”.

El pasado 24 de julio, el destituido fiscal contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, abandonó el país para “resguardar su vida”, tras denunciar que le obstaculizaron investigar al presidente Alejandro Giammattei. Jordán Rodas, también presidente de la Asociación Interamericana de Ombusman (FIO), acompañó a Sandoval a la frontera con El Salvador y pidió la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras por “impedir” que las investigaciones de Sandoval llegaran al núcleo de la corrupción política y económica en el país. “En Guatemala estamos en medio de un proceso de cooptación del Estado”, denuncia Rodas. Ejemplo de ello, según este jurista con maestrías en gestión, dirección pública y Estado de derecho, es que “en octubre se cumplen dos años de que la Corte Suprema de Justicia debía haber sido renovada, igual que toda la Corte de Apelaciones y no lo hacen, no cumplen”.

“Sea en Guatemala, Honduras o El Salvador, cuando las investigaciones sobre corrupción se acercan al núcleo de poder político, el Ejecutivo de turno busca desmantelar a las instituciones de control para evitar que se continúe”, dice, por su parte a DW Ruth López Alfaro, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una ONG defensora de Derechos Humanos presente en El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Gobierno corruptor”

Basada justo en casos en estos tres países del norte de Centroamérica, López Alfaro destaca que “un Gobierno no solo puede ser corrupto, sino corruptor”. Así, los corruptos corrompen, permean, paralizan, eliminan o expulsan a las instituciones de control, sean nacionales o internacionales, para evitar que sus investigaciones lleguen hasta la raíz del mal.

“En El Salvador hemos visto cómo el Gobierno le ha apostado a la opacidad”. El país, según la jurista López, había logrado en la última década una importante institucionalidad, con la labor del Instituto Nacional de Información Pública y la garantía del derecho ciudadano a la información, base para la libertad de prensa y de expresión. “Pero desde el 1° de junio de 2019, con la llegada de Nayib Bukele al poder, se han empezado a hacer reservas de la información, que realmente es pública”. ¿De cuál información se trata? “Estamos hablando de contrataciones, de planes, de las actas de consejos de ministros”, responde la jurista salvadoreña.

Una de las propuestas insignes de la campaña del presidente Nayib Bukele fue la firma de un convenio con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), basado en el modelo implementado en Guatemala. “Pero lo que Bukele presentó como su principal herramienta contra la corrupción es ahora destruida por él mismo, cuando había afirmado que El Salvador necesitaba una institución independiente y externa que garantizara una lucha efectiva contra la corrupción”, recuerda López. Dicho convenio, firmado con la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue cancelado por el Gobierno de Bukele el pasado 4 de junio. 

“Su actitud va contravía a su discurso público”, afirma la jefa jurídica de Cristosal, y afirma que la verdadera intención de Bukele es “quebrar cualquier sistema de oposición a su deseo de mantenerse en el poder”. Esto, a pesar de que la Constitución de El Salvador no permite la reelección inmediata. Un equipo liderado por el vicepresidente salvadoreño propondrá la reforma de 196 de los 272 artículos de la actual Carta Magna.

Vía: DW