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Litigios climáticos, asignatura pendiente en América Latina

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No llegan a la treintena, pero poco a poco se van abriendo paso en los tribunales. Son los litigos climáticos, la última herramienta de las organizaciones medioambientales latinoamericanas para conseguir sus propósitos.

Manifestaciones, actos de protesta y campañas en redes sociales son algunas de las acciones que llevan a cabo las organizaciones medioambientales para difundir sus reivindicaciones y ejercer presión para que las empresas y gobiernos las escuchen. Pero a estas herramientas se está uniendo otra medida: el litigio climático, que «trata de exigir ante las cortes que los causantes de la crisis climática se hagan responsables de sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales sobre el clima y la legislación interna”, explicó a DW Javier Dávalos, abogado del Programa de Cambio Climático de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente).

«Los litigios climáticos continúan aumentando a nivel mundial tanto en tribunales nacionales como internacionales, si bien el América Latina no hay tantos casos como en los Estados Unidos, Australia o Europa”, dijo a DW Ingrid Hausinger, Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll en San Salvador. «Estados Unidos es el país con el mayor número de casos, y el segundo es Australia”, agregó a DW la brasileña Joana Setzer, coautora de la publicación ‘Global trends in climate change litigation: 2020′.

Ello se explica porque «el Norte Global cuenta con legislación especializada que permite que los individuos y organizaciones tengan un referente en cuanto al cumplimiento o no de dicha norma”, dijo a DW el ecuatoriano Juan Auz, doctorando en el Centro de Derechos Fundamentales de la Hertie School de Berlín. En cambio, en la región «está apenas emergiendo y su implementación es paulatina”, lamentó.

Cuando la cantidad no está reñida con la calidad

«Los litigios climáticos en América Latina son un fenómeno relativamente nuevo pero se están desarrollando rápidamente”, consideró Setzer. «A pesar de los pocos casos, estos han hecho fuertes contribuciones al litigio”, agregó Hausinger

Destaca el El caso de Futuras Generaciones contra Colombia’ en el que, en abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia falló a favor de más de una veintena jóvenes y niños de todo el país que alegaron que la deforestación en la Amazonía colombiana acelera el cambio climático, amenazando sus derechos constitucionales.

«Se puede considerar que la sentencia 4360 es el primer litigo que aborda explícita y centralmente el tema de cambio climático, desde argumentos de derechos humanos y usando como fundamento los acuerdos internacionales sobre el tema, en Latinoamérica”, apuntaron a DW fuentes de Dejusticia, la organización que acompañó el caso.

No obstante, consideran que «antes ya había otros casos en el Sur Global e incluso en Latinoamérica abordando el problema de cambio climático, aunque no necesariamente de forma explícita”.

Por otro lado, también existen «las demandas a grandes empresas contaminantes. Muchos casos no son llevado en cortes del Sur Global pero sí toman casos de personas afectadas del Sur, ya que las empresas se encuentran en el Norte Global”, apuntó Hausinger.

En este campo destaca la demanda del peruano Saúl Luciano contra la empresa alemana de energía RWE, que se está juzgando en Alemania aunque actualmente paralizada por el coronavirus. «El viaje de la Corte a Huaraz seguramente se llevará a cabo en la segunda mitad del 2021. No obstante, los jueces dijeron que quieren viajar lo antes posible”, dijo a DW Noah Walker-Crawford, de Germanwatch, la organización que sigue el caso. 

Sentando precedente

La victoria colombiana generó un efecto dominó en la región. «En Perú, México y Argentina se han presentado acciones constitucionales similares que buscan proteger ecosistemas clave para la regulación del clima”, puntualizó Auz.

En diciembre de 2019 fue el turno de Perú. «Los demandantes, un grupo de siete jóvenes menores de 15 años, argumentaron que el Estado está violando su derecho a un ambiente sano debido por su omisión en la formulación y ejecución de una política pública de alcance nacional con concretas medidas para reducir la deforestación en cinco departamentos de la Amazonía peruana, explicó Setzer.

«El 2 de julio de 2020 se presentó una demanda colectiva en la Corte Suprema de Argentina contra los gobiernos de la provincia de Entre Ríos y el municipio de la ciudad de Victoria por su presunta falta de protección de humedales ambientalmente sensibles. La demanda, presentada por los grupos Asociación Civil por la Justicia Ambiental y Foro Ecologista de Paraná, y un grupo de niños, argumenta que el Delta del Paraná tiene sus propios derechos”, complementó Hausinger.

Desde Dejusticia consideraron que «si bien conocemos de casos que han seguido pasos similares, no se puede borrar del panorama elementos contextuales como la presión frente a los cada vez más evidentes efectos del cambio climático así como la creciente fuerza de los procesos de organización del activismo juvenil frente a este fenómeno en varios países”.

Barreras particulares

Existen varios aspectos que explican que este tipo de acciones escaseen en la región. «El litigio climático es sumamente costoso, es de larga duración y requiere evidencia científica con la que muchas veces no contamos”, explicó Hausinger. También hay una carencia de especialización. «Necesitamos más abogados calificados que conozcan los contextos nacionales y tengan los recursos necesarios para llevar adelante casos clave con toda la complejidad técnica y social que implican”, consideró Dávalos. 

Igualmente Setzer apuntó a la falta de implementación de las leyes, las políticas e incluso las decisiones judiciales como uno de los mayores obstáculos. En este punto se encuentra el caso colombiano. «A día de hoy no se han terminado de elaborar el Plan de Acción y el Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía; sin embargo, Presidencia y los Ministerios de Ambiente y Agricultura se encuentran diseñando y ejecutando un plan para elaborar dichos instrumentos”, explicaron en Dejusticia. «Los otros planes municipales y regionales han tenido avances relativos, ya que no todos han sido diseñados”, puntualizaron.

Vía: DW