Al encuentro asistieron en representación del Ejecutivo los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, junto al director General de Aguas y al titular del Indap. En la oportunidad se aprobaron siete resoluciones en la cual se solicitaron medidas concretas al Gobierno para enfrentar esta crisis y mirar a la nueva realidad del país.
Con la participación de representantes del Ejecutivo, la Sala de la Cámara de Diputados analizó esta tarde, en sesión especial celebrada a partir de las 17:00 horas, la escasez hídrica que afecta a diversas regiones del país, desde la región de Antofagasta hasta la de Ñuble.
En representación de los 66 solicitantes del encuentro, intervinieron en el tiempo previo los diputados Cosme Mellado (PR), Diego Ibáñez y Francisco Eguiguren (RN), quienes relevaron la importancia de la cita para sincerar con el Gobierno el diagnóstico del país y para promover las soluciones del caso.
Cosme Mellado relató en su exposición diversos casos concretos de la región de O´Higgins, en donde pequeños productores agrícolas de entre tres a quince hectáreas están sumidos en la crisis hídrica y ven con temor los próximos meses en que dejarán de contar con riego para sus cultivos y animales.
Asimismo, criticó la limitada política de reparto de forraje y apeló a la autoridad a concretar medidas urgentes, como aumentar la cantidad de camiones aljibes; abordar la sobreexplotación de aguas de canales; incrementar la fiscalización y sanciones; y desarrollar una mejor política comunicacional hacia la población.
Diego Ibáñez remarcó que para nadie es desconocido que esta es una de las peores sequías que ha enfrentado nuestro país, propiciando una disminución de los caudales de los ríos de un 70% en la zona central y la muerte de miles de cabezas de ganado por falta de agua y forraje. Recalcó que, al menos, un cuarto de este cambio climático depende de la acción del hombre y mencionó que entre las deficiencias observadas se aprecia una mala gestión hídrica y un descuido de los glaciares.
Llamó a considerar que en un futuro cercano habrá que racionar la entrega de agua en las ciudades y que los numerosos decretos de escasez hídricas promulgados desde 2010 no han tenido un efecto real para modificar el crítico panorama. Además, pidió realizar acciones urgentes, evitar el aumento de la cesantía por esta situación, el desplazo de las comunidades, abordar el estado de las cuencas, hacerse cargo del sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua y la reutilización de aguas servidas.
Finalmente, en este bloque, el Francisco Eguiguren sostuvo que los principales afectados por este fenómeno son los pequeños y medianos agricultores, que ven perder sus cosechas y animales, por lo que pidió entregarles una especial apoyo y emprender acciones concretas para superar el problema coyuntural como hacia el futuro.
Llamó a mirar experiencias foráneas como la de Israel; y pidió al Gobierno denominar un delegado presidencial supraministerial que impulse un Plan Hídrico para los próximos 50 años, fomentar una mayor coordinación entre los actores, crear una cultura de ahorro y unificar la institucionalidad el agua, entre otras medidas
En el debate general también intervinieron los/as diputados/as Gabriel Ascencio (DC), Virginia Troncoso (UDI), Carlos Abel Jarpa (PR), Diego Schalper (RN), Carolina Marzán (PPD), Pablo Kast (Evópoli), Marcelo Díaz (PS), Félix González (PEV), Catalina Pérez (RD), Daniel Núñez (PC), Matías Walker (DC), Nicolás Noman (UDI), Juan Santana (PS), Frank Sauerbaum (RN), José Pérez (PR), Sebastián Torrealba (RN), Jaime Naranjo (PS), Patricio Melero (UDI), María José Hoffmann (UDI) y Alejandra Sepúlveda (FRVS).
Planteamientos del Ejecutivo
En representación del Ejecutivo asistieron los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y de Agricultura, Antonio Walker, junto a los titulares de la Dirección General de Aguas, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Comisión Nacional de Riego.
En su intervención, Alfredo Moreno entregó datos sobre el diagnóstico del Gobierno sobre la crisis, acotando que en este año se registró una caída de las lluvias de hasta un 78%; una disminución de los caudales de los ríos que ha llegado en algunas zonas a un 98%; y reducción promedio del nivel de los embalses de un 35%, entre otras cifras. Remarcó, además, que la presente situación es más grave que la peor de que se tiene registro (1968) en el país y resaltó que este fenómeno ya no apunta a un evento anual, sino que se trata de «una tendencia que no tiene reversión».
Dijo que, en este contexto, es importante actuar e informó en este plano que el Ejecutivo está promoviendo una política de embalses por 6 mil 500 millones de dólares, aunque alertó que estas obras comprenden múltiples etapas que demoran en promedio 13,5 años, por lo enfatizó la necesidad de abordar el tema como un tema Estado.
Asimismo, indicó que se promueve la construcción de plantas desaladoras (hoy habrían entre 20 a 30 funcionando; la construcción de pozos más profundos; la reutilización de las agua servidas tratadas; ahondar en el riego tecnificado; desarrollar un plan de cuencas; y mejorar la gestión en materia de agua, para lo cual se propiciaría una modernización del Código de Aguas y la creación de una mesa miscelánea y transversal para avanzar en un Plan de Chile para enfrentar el problema hídrico.
Antonio Walker, en tanto, coincidió con los testimonios de los diputados en torno al efecto de la sequía en los pequeños productores agrícolas y destacó la necesidad de mejorar la gestión del agua, con una administración de las cuencas centralizada; potenciar la política de embalses; acelerar el proceso de tecnificación de riego; desalar el agua de mar; reutilización de las aguas servidas; la infiltración de acuíferos; y concretar un nuevo Código de Aguas que reafirme la idea que el recurso es un bien nacional de uso público, que la primera preferencia tiene que tener el uso humano y que se deben fomentar los caudales ecológicos.
Además, entre otros datos, relató que hay decretos de emergencia agrícola vigentes en cinco regiones del país y que los servicios sectoriales, junto a los gobiernos regionales, están impulsando diversas medidas. Así, por ejemplo, Indap dispondría de 20 mil millones de pesos para atender la emergencia; mientras que la Comisión Nacional de Riesgo completaría en el presente año recursos por sobre los 100 mil millones de pesos para tecnificación en riesgo, telemetría, compuertas automáticas y mejorar bocatomas de ríos, entre otras obras.
Resoluciones aprobadas
Al término del debate se aprobaron siete resoluciones (735, 736, 737, 738, 739, 740 y 741) con diversos niveles de apoyo y originadas por distintos grupos de legisladores/as.
Entre sus ideas se solicita al Gobierno aumentar los presupuestos de la DGA, para fortalecer su rol fiscalizador; y del Indap, para robustecer el desarrollo económico, social y tecnológico de pequeños productores agrícolas y campesinos. Asimismo, se pidió aumentar los recursos para las zonas de emergencia agrícola y declarar a la región de Atacama en dicha categoría; acelerar el trámite a la reforma del Código de Aguas; proteger el bosque nativo; acelerar la construcción de embalses; e incrementar los fondos de la CNR.
Además, se aprobó pedir que se incorpore en la reforma al Código de Aguas el término de la privatización del recurso y la priorización para el consumo humano y la actividad de crianceros, pequeños y medianos agricultores; más embalses y plantas desalinizadoras y generar empleos de emergencia.
Otros puntos piden preparar declaratorias de zona de catástrofe; promover un sistema de fiscalización y monitoreo efectivo sobre la extracción del agua; implementar a la brevedad un programa de riego en las zonas afectadas y los compromisos adquiridos por Chile en la convención de lucha contra la desertificación y la sequía; y revisar el plan de acción nacional contra la desertificación.
Por último, se ratificó impulsar la creación de una Subsecretaría de Recursos Hídricos; convocar a la mesa nacional del agua por la escasez; evaluar las medidas de gestión y promover nuevos programas de superación de la sequía a mediano y largo plazo.
Fuente: Cámara de Diputados
