La resolución también llama al Ejecutivo a desarrollar políticas que impulsen la educación en materias de género y diversidad sexual; priorizar dentro de la agenda legislativa las reformas que requiera la Ley Antidiscriminación; y apoyar en el ámbito judicial a quienes han sido víctimas de ataques.
Declarar su rechazo a los hechos de violencia que han acontecido en el último tiempo en nuestro país, ejecutados en contra de la población LGTBIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, queer), es el objetivo de la resolución 507, aprobada por la Cámara de Diputados.
El texto, asimismo, solicita al Presidente de la República que considere un pronunciamiento público, dando cuenta de la condena a dichos actos, amparándose en los derechos que reconoce para toda persona nuestra Constitución Política de la República y los distintos Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile.
En concordancia con lo anterior, se sugiere hacerse parte como Ministerio del Interior de las distintas denuncias o querellas que se establezcan en la materia, generando un compromiso concreto con las víctimas y sus familias, dando -por medio de los actos- un respaldo claro a la búsqueda de justicia.
Además, se plantea priorizar dentro de la agenda legislativa las reformas que requiera la Ley 20.609 (Antidiscriminación), siempre en el marco del fluido trabajo junto a las organizaciones de la sociedad civil, permitiendo la creación de una institucionalidad fuerte y robusta que proteja y garantice los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ+ en nuestro país.
Por último, se promueve establecer políticas administrativas y ministeriales que impulsen, a la brevedad, la educación en materias de género y diversidad sexual, amparándose en el respeto que todo niño, niña y adolescente merece, con independencia de su sexo, género, identidad de género, orientación sexual o características sexuales.
En la resolución, las y los autores entregan como ejemplo diversos hechos conocidos a través de la prensa o redes sociales, donde personas de la citada comunidad fueron objeto de ataques verbales y físicos, violaciones, secuestros, tortura y hasta asesinatos. «Frente a tales hechos, revestidos de brutalidad y ensañamiento, es imprescindible que las diferentes instituciones del Estado tomemos un rol crítico de todo discurso o acción cuyo fundamento sea el odio a la diversidad sexual y de géneros, pues una escalada de violencia solo implicaría un atentado constante a una parte importante de la población chilena», se remarca.
Fuente: Cámara de Diputados
