Más y mejores procedimientos de fiscalización en términos de compras y servicios fueron algunas de las materias consideradas por la instancia investigadora, que surgió tras detectarse anomalías contables del Ejercito en procedimientos de compras.
Con la aprobación del informe de propuestas, conclusiones y recomendaciones llegó a su fin el trabajo de la Comisión Investigadora respecto de la supuesta “duplicación de facturas” en la contabilidad del Ejército de Chile y, en general, sobre todo acto ilegal o fraudulento, cometido en el procedimiento de compra y adquisición de bienes con empresas privadas o públicas.
De acuerdo al presidente de la instancia, diputado Jorge Brito (RD), la Comisión concluyó que parte importante de los problemas radican en el sistema de gestión de compra que está amparada en la ley 18.928, sobre adquisiciones y enajenaciones de las FFAA, promulgada en febrero de 1990, un mes antes que los militares abandonaran La Moneda y que no ha tenido cambios a la fecha.
«Esta ley, creemos, es una amenaza a los principios de probidad y transparencia en el actuar del Estado de Chile y lo que nosotros planteamos y va en el informe final, lo cual me alegra bastante como resultado y conclusión de esta Comisión, es que la gestión de compra, la billetera que tienen las FFAA para comprar tanques, aviones, arsenal de guerra y capacidad estratégica, ya no va a estar alojada en las FFAA sino que en el Ministerio de Defensa», especificó.
Resaltó que la idea que las Fuerzas Armadas digan, de acuerdo al plan de defensa del Gobierno, «necesito este tanque en este lugar» y sea el Ministerio de Defensa el que lleve adelante un proceso de licitación o gestión para ver quien oferta mejor y luego se lo entrega a la institución pertinente.
Este proceso, en la actualidad, sostiene el parlamentario, lo lleva a cabo en este caso el Ejército de Chile y no da garantías del buen uso de los recursos públicos ni de un proceso adecuado, por lo que se considera que debiese terminar con las recomendaciones elaboradas por la Comisión y que se aprobaron de forma transversal.
Asimismo, argumentó que se busca proteger a los denunciantes de irregularidades y aumentar estrictamente los controles en todo el funcionamiento y no permitir que las Fuerzas Armadas se autorregulen, sin la capacidad de fiscalización de Contraloría y del Tribunal Constitucional, hecho que calificó como “algo único en nuestro país”.
Para el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), el informe fue el resultado de un trabajo eficiente, realizado con mucha dedicación. No obstante, argumentó que, de acuerdo a todos los testimonios recibidos, no se logró comprobar el pago de facturas duplicadas.
“Quiero dejar en claro que en esta Comisión no se logró comprobar que hayan existido pago de facturas en forma duplicada, ni en el Ejército ni en Famae, como se aseguró cuando se dio inicio a esta Comisión, incluso con mucha publicidad”, recalcó.
Antecedentes que el parlamentario considera son de gran tranquilidad, porque esto se habría planteado como un gran escándalo.
“Situación similar a la que ocurrió en la Comisión Investigadora de las mutualidades donde también se dijo que andaban 23 millones de pesos perdidos, lo que no fue exacto. Entonces, aquí, muchas veces, a través de comisiones investigadoras, se levanta mucho humo y se trata de construir una postverdad, lo que no era cierto. Por lo tanto, a mi me parece que es una responsabilidad ética y moral ratificarlo”, enfatizó.
Durante el trabajo de la instancia se citó a tres autoridades, quienes por ley debieron asistir pero que finalmente no concurrieron: el Superintendente de Bancos, el titular de la Dirección Nacional de Aduanas y el ministro de Defensa.
Frente a dicha situación, la Comisión realiza un reproche en su informe, en tanto que el diputado Jorge Brito consideró lamentable y una falta a la legalidad en cuanto a las competencias fiscalizadoras de la Cámara.
FUENTE: CÁMARA DE DIPUTADOS
