Durante la jornada de ayer los chilenos fuimos expectantes de un nuevo fallo por parte del Tribunal Constitucional (TC). Esta vez, el TC declaró inconstitucional el Reglamento de Objeción de Conciencia de la ley de aborto terapéutico que regulaba la intervención de los hospitales privados, decisión que permitirá a las clínicas a negarse a practicar la interrupción de embarazos.
Este resultado no deja de sorprender, ya que el año pasado fuimos testigos del fallo por parte del TC en el cual rechazó otro requerimiento similar por parte de los parlamentarios de Chile Vamos. En esta histórica resolución el TC indicó que el legislador «no puede ir contra la mujer imponiendo su voluntad e incluso poniendo en peligro su vida o imponiéndole deberes más allá de lo que a cualquier persona se le exige».
Ante esta respuesta categórica, los parlamentarios de Chile Vamos no quedaron satisfechos. Buscaron arduamente la forma de minimizar o reducir el margen de acción de la ley de acuerdo con sus principios ideológicos, logrando imponer sus ideas conservadoras ante la decisión adoptada por la mayoría.
De todas formas, esta situación no ha sido aislada. Recordemos que el año 2007, parlamentarios de la oposición de aquel periodo también solicitaron un requerimiento de inconstitucionalidad con respecto a la distribución de la píldora del día después, el cual también fue acogido por el TC, prohibiendo su distribución en el sistema público.
Todos estos requerimientos hechos por parte de la derecha tradicional y a la que hoy se suma el partido “liberal” Evopoli, dejan en evidencia que en dicho sector la imposición del conservadurismo es mucho más relevante que el ejercicio de la plena democracia, y que como lo han demostrado a lo largo de la historia, las decisiones adoptadas por la mayoría serán válidas en la medida de que dichas decisiones estén en la línea de sus valores como coalición.
Esta situación es enormemente preocupante para quienes creemos en la institucionalidad democrática, ya que, si bien el TC es un órgano fiscalizador de la constitucionalidad, no es pertinente que dicha institución ponga en duda las decisiones adoptadas por requerimientos de una coalición que no se encuentra satisfecha con dichas decisiones. Es de suma urgencia revisar y limitar las funciones del actual TC para que no sigamos siendo legislados por pequeño sector político que no está dispuesto a seguir las reglas del juego democrático.
