El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú presentó ayer la propuesta de la Comisión de Protección Social (CPS) -creada en abril por mandato del Ejecutivo- para modificar el sistema de pensiones de dicho país, lo que incluye la creación de una unidad centralizadora que unifique los sistemas públicos y privados, idea que de concretarse podría tener efectos sobre Habitat Perú, filial de la compañía chilena que ingresó en 2012 al país tras ganar las licitaciones de afiliados impulsadas por el gobierno.
Según consigna el periódico peruano El Comercio, el nuevo esquema implicaría la afiliación sería automática para las personas al momento que cumplan 18 años.
La presidenta de la Asociación de AFP de Perú, señaló a diario Gestión, que “el esquema que propone esta Comisión de Protección Social de centralizar la recaudación es un esquema de alto riesgo, porque no sabemos si este esquema será de carácter publico o privado, y eso en un gobierno con fuerte apetito de gasto fiscal podría traducirse en la nacionalización de los fondos de pensiones”.
Sin embargo, en declaraciones a medios peruanos, el integrante de la CPS, Augusto de la Torre, precisó que las AFP no desaparecen del sistema, sino que se llamarían “Gestoras de Carteras de Activos (GCI)” y competirían por los fondos que recaudaría la centralizadora.
En el esquema propuesto por la instancia, el pilar 1 otorgaría una pensión básica y universal, en el sentido de que garantizaría que ningún peruano tenga un ingreso menor a esa pensión en la vejez. “Para el efecto, el Estado daría un subsidio público decreciente dirigido a los individuos de menores ingresos”, dice la propuesta.
El pilar 2, recomienda que todos los peruanos mayores de 18 años tengan abierta a su nombre automáticamente una cuenta de ahorro individual.
Además, propone que el gobierno considere subsidiar parte de ese 10% de cotización en las AFP para los jóvenes de bajos ingresos: 5 puntos porcentuales para personas menores de 25 años, y de 3% para aquellos entre 26 años y 30 años.
El tercer pilar propone suprimir o eliminar los incentivos al retiro del 95,5% de los ahorros al momento de la jubilación o antes (bajo el régimen de jubilación anticipada).
Con esto, pretenden que aquellos que retiren los recursos pierdan el subsidio estatal a su fondo de pensiones, y sean gravados con un impuesto a las ganancias de capital.
Por último, plantean la creación de una opción de jubilación por defecto, y una simplificación de la oferta de productos para la jubilación.
