El documento fue suscrito por el ministro (s) del Interior, Luis Cordero, la PDI, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y Gendarmería.
El Gobierno firmó este viernes un protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de inmigrantes que estén ligados a algún delito en el país.
El documento fue suscrito por el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, junto con los organismos de la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
De acuerdo con Cordero, el objetivo principal de la firma es «agilizar y priorizar las expulsiones administrativas de personas ligadas a delitos; (y de) migrantes que tienen antecedentes y están condenados o ligados al crimen organizado».
En concreto, el protocolo especifica ajustes a la Ley de Migraciones para llevar un proceso de expulsión más eficaz, con tiempos más acotados y de manera más regular.
Asimismo, considera adecuaciones legales para permitir las expulsiones, incorpora más tecnología y considera un aumento de dotación en los equipos del Sermig.
Diputado Oyarzo: «Estamos tan mal» frente a algo que debería ser «básico»
El diputado Rubén Oyarzo (ind.-comité Demócratas, Amarillos e Independientes) criticó la firma porque, a su juicio, «estamos tan mal en materia de migraciones que una cuestión tan básica como la coordinación entre los distintos servicios del Estado no existía».
«A esta altura, uno se pregunta si efectivamente hay una hoja de ruta clara por parte del Gobierno para abordar la política migratoria y enfrentar la migración irregular: una vez a la semana estamos escuchando anuncios de protocolo, convenios o estudios por parte de las autoridades, pero en la práctica no se observan acciones para expulsar a más de 30.000 migrantes irregulares con órdenes pendientes», fustigó.
Asimismo, el parlamentario adelantó que aprovechará la citación que hicieron a las autoridares de Interior para que expliquen concretamente cómo llevarán a cabo las deportaciones.
Cordero reiteró que regularización acotada está evaluándose
El ministro (s) Cordero insistió que el proceso de regularización acotada de inmigrantes evaluada por el Gobierno sigue en estudio, y que no todos los extranjeros que participaron en el empadronamiento van a beneficiarse del trámite.
«Estamos trabajando con ambas policías para hacer la evaluación policial de los antecedentes de las personas que ahí se encuentran, fundamentalmente para conocer qué sucede con ellas luego de los empadronamientos», dijo la autoridad.
«Así, en la medida que nos aproximemos a los resultados de esa evaluación, podemos comunicarlos adecuadamente y definir el procedimiento o la magnitud potencial que podría tener ese proceso de regularización, que como yo he señalado, no corresponde a las 182.000 personas», reiteró Cordero.
«Se realiza una evaluación sobre esas 182.000 que podrían postular, lo que no significa que todas ellas pudieran acceder potencialmente a ese mecanismo de regularización», concluyó.
Vía: Cooperativa
