Es fundamental que en el Congreso continúe el ímpetu que hubo en los años anteriores para continuar la tramitación de la agenda de probidad
Este es un año complicado para los diputados y senadores. Muchos de ellos están realizando legítimas actividades políticas propias de un año electoral. El volumen de proyectos de ley que están tramitando también es alto, y la urgencia por discutirlos antes del término del Gobierno también reduce posibilidades. Pese a estas dificultades, es fundamental que en el Congreso continúe el ímpetu que hubo en los años anteriores para continuar la tramitación de la agenda de probidad.
Tres son los proyectos a los que debería dárseles prioridad. El primero es la modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que elevará los estándares de transparencia de las actuaciones de los parlamentarios y funcionarios del Congreso. Este proyecto ya fue visto por la Comisión Especial de Transparencia y Probidad del Senado, pero lamentablemente, en vez de ser votado en la Sala del Senado, se remitió el proyecto a la Comisión de Constitución, que ya se encuentra con un volumen alto de proyectos en discusión. El segundo proyecto relevante también está en la Comisión de Constitución del Senado, y trata sobre las penas a los delitos por corrupción. Es urgente que esta instancia pueda resolver pronto sobre estos proyectos. Por último, el proyecto de ley sobre puerta giratoria e inhabilidades para autoridades y funcionarios, que está siendo revisado por la Comisión especial de Probidad y Transparencia del Senado, compone el tercer gran pendiente del Congreso en materia de agenda contra la corrupción. Ha habido importantes avances en los últimos años, pero sin la pronta tramitación de estos tres proyectos en particular, la vulnerabilidad de nuestras instituciones frente a la crisis de legitimidad y posibles actos de corrupción seguirá existiendo.
Mauricio Duce
Director de Incidencia ONG «Espacio Publico»
