Subsecretaria Lorena Recabarren -quien lidera delegaci\u00f3n de nuestro pa\u00eds- expone este martes ante el Consejo de DD.HH. en Ginebra. Documento enviado a ese organismo tambi\u00e9n resalta el Plan Araucan\u00eda y defiende el uso de la Ley Antiterrorista, desestimando un \u201c\u00e1nimo de criminalizar a ning\u00fan grupo en particular\u201d.<\/p>\n
Una exposici\u00f3n ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, realizar\u00e1 este martes el gobierno, en el marco del tercer Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU), instrumento creado en 2006 por la Asamblea General y que se realiza cada cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
El EPU consiste en una evaluaci\u00f3n del cumplimiento de obligaciones internacionales sobre derechos humanos, de acuerdo a un trabajo realizado entre los pa\u00edses miembros de la ONU y en el que se aceptan recomendaciones de distintos gobiernos. En ese contexto, la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, ser\u00e1 la encargada de intervenir ante el organismo, en base a un informe de 26 p\u00e1ginas elaborado por el Ejecutivo en coordinaci\u00f3n con los otros poderes del Estado. De hecho, la delegaci\u00f3n que viaj\u00f3 a Suiza la integran tambi\u00e9n el ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama, representantes del Congreso y de varios ministerios.<\/p>\n
En el documento se abordan los avances entre 2014 y 2018, destacando, adem\u00e1s, lo realizado por el Presidente Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, entre otras cosas, referente a la pol\u00edtica migratoria, el Plan Araucan\u00eda y defendiendo la aplicaci\u00f3n de la Ley Antiterrorista. \u201cEl gobierno (\u2026) se encuentra realizando esfuerzos para promover una agenda de derechos humanos con alto impacto social, apoyando a grupos hist\u00f3ricamente violentados en sus derechos. Ello, a trav\u00e9s de medidas como: (a) el Acuerdo Nacional por la Infancia; (b) el Plan Araucan\u00eda (pueblo mapuche); (c) el Plan Adulto Mejor (adultos mayores) y la Agenda Mujer\u201d, dice el texto.<\/p>\n
* Migrantes e \u201cintegraci\u00f3n\u201d<\/p>\n
En uno de sus apartados, el informe menciona el proyecto del gobierno que modifica la Ley de Migraciones, que la semana pasada fue aprobado en la sala de la C\u00e1mara y despachado al Senado, pese a las cr\u00edticas que han lanzado desde varios partidos de la oposici\u00f3n, acusando que la iniciativa, entre otras cosas, vulnera los derechos humanos de los inmigrantes.
\n\u201cSu objetivo es avanzar hacia una migraci\u00f3n segura, ordenada y regular, dando un trato humano a los migrantes, con igualdad de derechos y obligaciones, promoviendo la integraci\u00f3n. El proyecto establece un Consejo de Pol\u00edtica Migratoria y crea el Servicio Nacional de Migraciones\u201d, se se\u00f1ala en el escrito enviado a la ONU.<\/p>\n
* Ley Antiterrorista: \u201cSin \u00e1nimo de criminalizar\u201d<\/p>\n
Sobre el Plan Araucan\u00eda, el informe plantea que \u201cel actual gobierno, en septiembre de 2018, present\u00f3 el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz, enumerando los ejes principales.
\nAdem\u00e1s, se aborda la Ley Antiterrorista, normativa que ha generado cuestionamientos en a\u00f1os anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, se produjo en octubre de 2017, cuando expertos de la ONU pidieron que no se aplique en el contexto de protestas de los mapuches.<\/p>\n
El escrito sostiene que \u201cla aplicaci\u00f3n\u201d de esa normativa \u201cresponde a su car\u00e1cter general, sin \u00e1nimo de criminalizar a ning\u00fan grupo en particular\u201d. Y se agrega: \u201cConsiderando aquellos casos de primera instancia correspondientes a imputados acusados por el Ministerio P\u00fablico por conducta terrorista (2015-2018), se identificaron seis sentencias en que se habr\u00eda aplicado esta normativa. Ello, sin perjuicio de que la norma se ha aplicado en otros casos a acusados que no pertenecen a ning\u00fan pueblo originario\u201d. Adem\u00e1s, recalca que \u201cen una reciente sentencia, la Corte Suprema refuerza el alcance general de la ley, exigiendo a los tribunales fundamentar su decisi\u00f3n eliminando todo an\u00e1lisis que llevase a considerar el origen \u00e9tnico de los imputados como un factor para sancionar\u201d.<\/p>\n
En el anterior EPU ante el Consejo de DD.HH. tambi\u00e9n le correspondi\u00f3 al gobierno de Pi\u00f1era, en su primera administraci\u00f3n, enviar un informe a la ONU, fechado en enero de 2014. Y en ese documento se aborda directamente la \u201caplicaci\u00f3n (de la) Ley Antiterrorista a pueblos ind\u00edgenas\u201d, aunque sin recalcar que no se busca \u201ccriminalizar\u201d a ning\u00fan grupo. Aquella vez, el escrito se\u00f1alaba que \u201cel Ministerio del Interior en ning\u00fan caso ha elaborado lineamientos o pol\u00edticas para la aplicaci\u00f3n de esta ley a los pueblos ind\u00edgenas\u201d y que su aplicaci\u00f3n \u201cobedece estrictamente a que algunos hechos investigados se encuentran comprendidos bajo los tipos penales que dicha normativa consagra y no a la participaci\u00f3n de miembros de pueblos originarios o grupos determinados\u201d.<\/p>\n
Bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, en tanto, se envi\u00f3 un informe a la ONU en 2009 -durante el primer examen del Consejo de DD.HH.- en el que no se menciona la Ley Antiterrorista.<\/p>\n
* \u201cDerechos sexuales y reproductivos\u201d: aborto en tres causales<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n destaca la institucionalidad del Estado de Chile en materia de DD.HH. y aborda los \u201cderechos sexuales y reproductivos\u201d, mencionando, en ese punto, la publicaci\u00f3n de la ley que despenaliza el aborto en tres causales -que fue impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet y resistida por la centroderecha-, los programas de acompa\u00f1amiento y la objeci\u00f3n de conciencia institucional \u201cbajo ciertas condiciones\u201d.<\/p>\n
* Ley de Inclusi\u00f3n: \u201cEn Educaci\u00f3n, el Estado ha dado pasos importantes\u201d<\/p>\n
Otro aspecto impulsado por Bachelet que se menciona en el escrito es la Ley de Inclusi\u00f3n. \u201cEn educaci\u00f3n, el Estado ha dado pasos importantes. En materia legislativa, se aprob\u00f3 la Ley de Inclusi\u00f3n Escolar 20.845 (2015), que entrega las condiciones para que los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y adultos que asisten a colegios que reciben subvenci\u00f3n del Estado puedan recibir una educaci\u00f3n de calidad\u201d, se lee en uno de los p\u00e1rrafos del documento.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se expone la ley que crea un nuevo Sistema de Educaci\u00f3n P\u00fablica, \u201ctransfiriendo gradualmente los establecimientos educacionales desde los municipios a 70 nuevos servicios locales de educaci\u00f3n, creando un nuevo Sistema Nacional de Educaci\u00f3n P\u00fablica para mejorar la calidad\u201d.<\/p>\n
* Cambios a \u201cLey Zamudio\u201d<\/p>\n
Entre 2012 y 2016, 234 causas en tribunales de primera instancia, 87 recursos ante cortes de Apelaciones y 10 en la Corte Suprema. Eso registra el informe sobre la aplicaci\u00f3n de la denominada Ley Antidiscriminaci\u00f3n o \u201cLey Zamudio\u201d, especific\u00e1ndose que la normativa \u201cha sido invocada generalmente para discriminaci\u00f3n por enfermedad o discapacidad, ideolog\u00eda u opini\u00f3n pol\u00edtica y orientaci\u00f3n sexual.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se se\u00f1ala que el Ministerio Secretar\u00eda General de Gobierno est\u00e1 aplicando una segunda consulta ciudadana sobre no discriminaci\u00f3n, lo que -se lee en el escrito- \u201cservir\u00e1 de insumo para la presentaci\u00f3n de modificaciones a la ley\u201d.<\/p>\n
* Sename: \u201cEl pa\u00eds se encontraba en deuda\u201d<\/p>\n
El informe tambi\u00e9n aborda la situaci\u00f3n del Sename, algo que fue criticado en julio por la ONU, organismo que acus\u00f3 violaciones a los derechos humanos de los menores en esos centros.<\/p>\n
\u201cRespecto de la protecci\u00f3n de la ni\u00f1ez y adolescencia, la institucionalidad existente era deficiente y el pa\u00eds se encontraba en deuda en esta materia. Es por esto que el Presidente asumi\u00f3 esta materia con prioridad, tomando varias medidas, entre ellas convoc\u00f3 una mesa de trabajo sobre temas de infancia, donde participaron parlamentarios de distintas tendencias pol\u00edticas, ministros y expertos de la sociedad civil. Dicha mesa present\u00f3 en mayo de 2018 el \u2018Acuerdo Nacional por la Infancia\u2019. El informe contiene una serie de medidas destinadas a ofrecer adecuada protecci\u00f3n a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en general; a aquellos en riesgo de vulneraci\u00f3n de derechos, y a aquellos cuyos derechos ya hubiesen sido efectivamente vulnerados\u201d, se lee en el escrito enviado por el Ejecutivo a Naciones Unidas.<\/p>\n
En el texto tambi\u00e9n se enumeran las medidas adoptadas, como la \u201cLey de Protecci\u00f3n Integral de los Derechos de la Ni\u00f1ez (segundo tr\u00e1mite constitucional); creaci\u00f3n del Servicio de Reinserci\u00f3n Social Juvenil y del Servicio de Protecci\u00f3n a la Ni\u00f1ez, que reemplazan al actual Sename; aumento de la subvenci\u00f3n que el Estado entrega a las residencias de los organismos colaboradores; reforma al sistema de adopci\u00f3n, y para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de ni\u00f1os y ni\u00f1as\u201d.<\/p>\n