La gratuidad universal en educaci\u00f3n superior es una idea equivocada. No solo es regresiva e injusta sino que tampoco garantiza una elevada equidad en el acceso a la educaci\u00f3n superior. El acceso de los estudiantes m\u00e1s vulnerables a la educaci\u00f3n superior en nuestro pa\u00eds es m\u00e1s elevada que en pa\u00edses que tienen universidades estatales gratuitas.<\/p>\n
Quiz\u00e1s por esta raz\u00f3n no hay un apoyo mayoritario a la gratuidad universal en educaci\u00f3n superior. Son m\u00e1s las personas que creen que la gratuidad debiera existir solo para los estudiantes que provienen de hogares con menos recursos. Esta opini\u00f3n es relativamente transversal en el espectro pol\u00edtico. Incluso no hay mayores diferencias en esta dimensi\u00f3n entre las personas que aprueban al Gobierno de la Presidenta Bachelet y las que lo desaprueban.<\/p>\n
Estas consideraciones nos hacen pensar que hay espacio para un mecanismo general de financiamiento de los estudiantes del nivel terciario alternativo al que el Ejecutivo intenta promover en el Congreso. Creemos que es m\u00e1s justo y eficiente.<\/p>\n
En concreto postulamos un sistema de apoyos estudiantiles que cubre, bajo ciertas condiciones, la totalidad de los aranceles terciarios. Una vez egresadas, las personas beneficiarias deben retribuir parcial o totalmente esos apoyos dependiendo de los ingresos que cada uno de ellos genere durante su vida laboral. Eventualmente si los ingresos son muy bajos no hay exigencia de retribuci\u00f3n. Sugerimos que este mecanismo de financiamiento se acerque a ser sustentable fiscalmente. Esto supone elegir par\u00e1metros que aseguren que una persona que obtiene, una vez egresada, altos ingresos retribuya la totalidad del monto con el que fue apoyada. Este esquema general de financiamiento se puede adaptar a los deseos de un Gobierno particular de avanzar en gratuidad.<\/p>\n
Consideramos tambi\u00e9n, por diversas razones, equivocado el planteamiento de que los aranceles regulados que definen los aportes por gratuidad (o eventualmente un apoyo estudiantil de otra naturaleza) deben estar basados en una estimaci\u00f3n de los costos de carreras similares. Desde luego, un enfoque de costos conlleva la contradicci\u00f3n de entregar m\u00e1s recursos a una carrera cara, pero \u00abmala\u00bb, antes que a una carrera barata, pero \u00abbuena\u00bb.<\/p>\n
Por eso pensamos que es m\u00e1s apropiado, como regla central, aceptar los aranceles de las instituciones, pero permitir que el Estado, a trav\u00e9s de la nueva Subsecretar\u00eda de Educaci\u00f3n Superior, pueda \u00abdesafiarlos\u00bb, de modo de asegurarse que no haya \u00abinflaci\u00f3n\u00bb de aranceles o de programas poco relevantes. La metodolog\u00eda para estos prop\u00f3sitos debe estar basada en una evaluaci\u00f3n del valor que agregan a los estudiantes los programas que ellos cursan. Si ese valor es bajo, respecto de los aranceles que se cobran, corresponde el desaf\u00edo. En caso contrario se respetan los aranceles. Un \u00abTribunal de Expertos\u00bb decide sobre la disputa que produce la primera situaci\u00f3n. Si este acepta el desaf\u00edo del Estado, la instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior tiene dos alternativas: acomodar sus aranceles o alternativamente mantenerlos, pero en este caso el Estado renuncia a financiar a los estudiantes que opten por esos programas.<\/p>\n
Por Harald Beyer y Loreto Cox<\/p>\n